LA VANGUARDIA

BARCELONA

Lunes 6 de marzo de 2000

DAVID AIROB La operación más significativa ha sido la de los cuarteles de Jaume I y Roger de Llúria, ahora centros de la UPF ARCHIVO El cuartel del Bruc tiene uso militar

La mitad de las instalaciones militares ha cambiado de uso

MARTA RICART

Barcelona. - En el siglo XIX se sucedieron desamortizaciones como las del Trienio Liberal o la de Mendizábal. La Barcelona actual vive una suerte de desamortización militar. En los últimos diez años, la ciudad ha empezado a recuperar para distintos usos espacios que le estaban vedados o que ocupaban construcciones que quedaron obsoletas. La mitad de las instalaciones militares existentes hasta los años ochenta se han transformado. La última operación, en este sentido, es el derribo, iniciado el pasado jueves, del antiguo cuartel de Lepanto, situado en la Gran Via, entre Barcelona y l'Hospitalet, que será sustituido por una ciudad judicial. No será el último caso. Le espera igualmente otro destino al cuartel de Sant Andreu, el séptimo de los cuarteles que han cerrado.

El Ejército mantiene en activo en Barcelona varios centros de mando (Gobierno Militar, Capitanía, el Sector Aéreo y Sector Naval) y diversas instalaciones como el cuartel de Montjuïc, la residencia de oficiales de la Diagonal y el cuartel del Bruc. El resto de instalaciones dispersas por la ciudad han desaparecido o se han reformado.

En Barcelona, se dio un impulso definitivo a la reforma de instalaciones militares obsoletas poco antes de los Juegos Olímpicos. En 1988, el Ayuntamiento firmó un convenio con Defensa para hacerse con varios cuarteles por 1.640 millones de pesetas, aunque después variaron diversas cuestiones. En 1991, el Ejército se deshizo de los cuarteles de Jaume I y Roger de Llúria, Sant Agustí y Girona. Dos años después, cerró los de Numància y Lepanto.

La sustitución del cuartel de Lepanto por la ciudad judicial es un proyecto de envergadura. Este complejo de 190.000 m2, que se quiere que funcione a pleno rendimiento el 2006, agrupará los 168 juzgados de Barcelona, los 11 de l'Hospitalet y las 18 secciones de la Audiencia Provincial. En él, Justicia invertirá 24.000 millones de pesetas. Los cuarteles de Jaume I y Roger de Llúria se han dedicado a equipamientos educativos. Ambos se han reformado para acoger facultades y otros servicios de la Universitat Pompeu Fabra. Es, sin duda, la reconversión estrella hasta la fecha.

El Ayuntamiento convirtió el cuartel de Girona, en la calle Lepant, en unos jardines en 1995 y acoge dependencias de la Guardia Urbana y el primer convento. El cuartel de Sant Agustí, en la calle Comerç, se reformó para instalaciones municipales y una escuela de pastelería. El cuartel de Numància, en la avenida Roma, fue subastado por Defensa y en los terrenos se edificarán viviendas o un hotel, aunque se acordó reservar una zona verde. Las siguientes instalaciones militares que mudarán de uso serán con toda seguridad las del cuartel de Bailén o de la Maestranza de Artillería, en Sant Andreu. El plan de reforma Sant Andreu-Sagrera, impulsado al amparo del proyecto de la estación del AVE, ya reservó los terrenos que ocupan los usos militares para edificar unos 123.000 m2, principalmente de viviendas nuevas.

El cuartel militar de Sant Andreu es el siguiente por reformar tras el de Lepanto

convenio con Defensa para hacerse con varios cuarteles por 1.640 millones de pesetas, aunque después variaron diversas cuestiones. En 1991 el Ejército se deshizo de los cuarteles de Jaume I y Roger de Llúria, Sant Agustí y Girona. Dos años después cerró los de Numància y Lepanto. Además, el centro cultural de la plaza Catalunya fue engullido por El Corte Inglés.

La sustitución del cuartel de Lepanto, construido en los años veinte, por la ciudad judicial es un proyecto de envergadura. Este complejo de 190.000 m2, que se quiere que funcione a pleno rendimiento el 2006 y que agrupará los 168 juzgados de Barcelona, los 11 de l'Hospitalet y las 18 secciones de la Audiencia Provincial, amén de servicios auxiliares, supondrá al Departament de Justícia una inversión de 24.000 millones. Justícia compró el cuartel en diciembre pasado, por 1.800 millones de pesetas.

Antes que el cuartel de Lepanto se estudió como sede de la ciudad judicial los cuarteles de Jaume I y Roger de Llúria, situados junto al parque de la Ciutadella. Finalmente, se decidió dedicarlos a equipamientos educativos -Ensenyament pagó por ellos unos 1.100 millones de pesetas-, en la que sin duda ha sido la operación más significativa hasta ahora de transformación de unas dependencias militares. Los dos centenarios cuarteles se han reformado -uno no quedará prácticamente terminado hasta pasado el verano- para acoger facultades y otros servicios de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), un campus que empezó a funcionar en 1996 y que cuando esté acabado acogerá a casi 10.000 estudiantes. Las caballerizas entre ambos cuarteles se han convertido en una plaza con un auditorio subterráneo, y unos pabellones militares cercanos se prevén dedicar en el futuro a despachos y seminarios, según la UPF.

El Ayuntamiento convirtió el cuartel de Girona, en la calle Lepant, en unos jardines en 1995 y acoge dependencias de la Guardia Urbana, y el primero convento y después cuartel de Sant Agustí, en la calle Comerç, se reformó para instalaciones municipales y una escuela de pastelería. El cuartel de Nu-mància, en la avenida Roma, fue subastado por Defensa y en los terrenos se edificarán viviendas o un hotel, aunque se acordó reservar una zona verde pública de más de 5.200 m2. Las siguientes instalaciones militares que mudarán de uso serán con toda seguridad las del cuartel de Bailén o de la Maestranza de Artillería, en Sant Andreu. El plan de reforma Sant Andreu-Sagrera, impulsado al amparo del proyecto de la estación del AVE, ya reservó los terrenos que ocupan los usos militares para edificar unos 123.000 m2, principalmente de viviendas nuevas. El cuartel no se utiliza -sólo hay ocupadas unas viviendas en la zona-. Un portavoz del Ministerio de Defensa explicó que aún no se ha desafectado militarmente ni entregado a la Gerencia de Infraestructuras para determinar la propiedad -se había incluido en el convenio con el Ayuntamiento de 1988- y decidir su futuro.